Carta abierta al secretario general del PSPV-PSOE de Oliva, Carlos Mengual

Oliva, 16 de enero de 2012

Sr. Carlos Mengual,


A raíz de la nota de prensa que usted recientemente emitió sobre la posible moción de censura, y de las declaraciones hechas por usted en Onda Naranja Cope, en las que supeditan un posible pacto de gobierno con el Bloc a que éste se plegue a la postura que el PSOE ha mantenido durante los casi 10 años que contemplan el proceso de urbanización de Aigua Blanca IV, nos vemos en la obligación de responder.

Según usted, los socialistas de Oliva siempre han estado con la legalidad. Posiblemente movido por su desconocimiento (pues no creemos que la mala fe) propician dicha manifestación, pero obvia muchísimas irregularidades e ilegalidades en el proceso de Aigua Blanca IV, algunas de las cuales pasamos a detallar.

¿Podría indicarme usted en base a qué informe jurídico, el Excmo. Ayuntamiento asumió el coste del vial C en su integridad en acuerdo del 21 de junio de 2002? Podrá buscar, pero ya le adelantamos que no lo encontrará, pues, de haber existido, habría puesto serios impedimentos.

No nos estamos volviendo locos y pretendemos decir con ello que los propietarios deben asumir el costo del vial C. ¡Ni muchos menos! Simplemente pretendemos hacer ver que tampoco existia fórmula legal de hacerlo, y que, por lo tanto, su partido no siempre está con la legalidad, por mucho que se le llene la boca con ello.

Tendríamos que remontarnos al año 2002, cuando se aprobó el Proyecto de Homologación, entonces el ayuntamiento pretendió modificar un vial de 8 mts. de uso vecinal por uno 20 mts. de claro carácter estructural, con la pretensión de que lo sufragaran los propietarios de Aigua Blanca IV. Algo que, dadas las alegaciones de los propietarios y su intención de ir a los tribunales, era perfectamente anulable.

Fue entonces cuando el partido que usted dirige, entonces en la oposición, en una clara acción electoralista solicitó al Pleno, a fin de no desandar el camino hecho y poder abrir ese vial que descongestionaría el tráfico de Comarca la Marina, que la financiación de la urbanización de este vial corriera a cargo íntegramente del ayuntamiento. Tal y como finalmente se acordó el 21 de junio de 2002, sin informe, ni favorable ni en contra (muy propio en este ayuntamiento, cuando se quiere aprobar algo que no casa estrictamente con las leyes). Podría preguntarle a su correligionario D. Vicente Sabater cómo se gestó el acuerdo, ¿era legal?, NO, por las mismas razones que ahora invoca frente a la modificación de crédito.


¿Por qué los propietarios aceptaron? Es evidente: de haberse aprobado la homologación con ese vial y con el coste sobre los propietarios, éstos habrían acudido a los tribunales con todos los visos de ganar. Así pues, con este acuerdo obtenían respuesta a sus peticiones, las de no correr con los gastos de una red primaria.

Luego llegaron ustedes al poder. En el 2004 su Alcalde, Sr. Salvador Fuster, solicitó a los propietarios que, sin haberse aprobado la reparcelación, permitan la ocupación de los terrenos y apertura del vial C, recordándoles por escrito a los propietarios que, tal y como se acordó en sesión plenaria, el ayuntamiento correría con los gastos de esa calle. Pasó el tiempo y, en Junta de Gobierno de 26 de septiembre de 2005, llegó la traición, pues el gobierno socialista acordó que ya no pagaba la totalidad del vial, sino una insignificante parte del mismo. Contra dicho acuerdo los propietarios recurrieron sin recibir jamás una respuesta, como fue costumbre durante los 8 años de gobierno del PSOE. ¿Es legal modificar un acuerdo Plenario mediante una Junta de Gobierno?, NO, ¿es ético?, TAMPOCO, ¿estaba pues el Gobierno del PSOE al lado de la legalidad?

Más desencuentros con la legalidad:

Por Decreto de Alcaldía nº 3883/06, Sr. Alcalde Salvador Fuster adjudicó la Dirección Facultativa de las Obras a los técnicos Dª Cristina Pena Martínez y D. Rafael Poquet Victoria, sin que mediara contrato, ni consignación de la cantidad que iban a percibir por dichos trabajos (como es preceptivo). ¿Es eso legal? NO ¿es ético? TAMPOCO, ¿estaba pues el Gobierno del PSOE al lado de la legalidad?, además resulta curioso que dicho decreto tuviera fecha de noviembre de 2002 cuando Fuster no era ni siquiera alcalde, un error de los muchos que se detectan en lo concerniente a Aigua Blanca IV.

¿Sabía usted que los trabajos de Dirección Facultativa de las obras, los ha cobrado una empresa denominada EMIN S.L., con la que no existe relación contractual alguna? Sabe que dicha circunstancia la preguntamos numerosas veces al ayuntamiento que gobernaba su partido sin obtener respuesta hasta hace bien poco, ¿sabe qué nos contestaron? Literalmente dice en el informe del TAG de urbanismo: “…no se han llevado a cabo los exigibles y deseables trámites procedimentales y documentales que, en derecho administrativo son, por supuesto, de gran importancia”, traduciendo al castizo: que no se cumplieron las leyes (ley de contrato con las administraciones públicas). ¿Es pues legal? NO, ¿es ético? TAMPOCO, ¿estaba pues el Gobierno del PSOE al lado de la legalidad?.

¿Sabía usted que durante el Gobierno del PSOE, se acordó la creación de una comisión de investigación para Aigua Blanca IV en fecha 31 julio de 2008, que nunca llegó a constituirse durante esa legislatura? ¿Es legal que el Gobierno Municipal no cumpla los acuerdos plenarios? NO, ¿es ético? TAMPOCO, ¿estaba pues el Gobierno del PSOE al lado de la legalidad?

Hace mención usted, Sr. Mengual, a que han habido sentencias favorables al posicionamiento de su partido, sin hacer referencia ni al objeto de la sentencia, ni mucho menos a los antecedentes de la misma. Pero conviene refrescarle la memoria. El 18 de enero de 2008 se paralizaron las obras de la urbanización, porque no podía pagársele a Midascon S.L. la obra no contemplada en el proyecto inicial. Así pues, se presentó a exposición al público el 16/04/2008 un modificado de 405.877,61 euros de sobrecoste. Éste fue, naturalmente, objeto de alegaciones, pues en el contenido de dicho modificado, se pretendía que los propietarios pagaran cosas que no tenían obligación legal de soportar, tales como indemnizaciones dudosas que, de ser ciertas, debían instruirse en expediente de reparcelación: farolas nuevas por aducir que las del proyecto estaban descatalogadas, etc. ¿era legal? NO, ¿es ético? TAMPOCO.

La opción de su partido ante la reacción de los propietarios fue envainársela: no contestar a nuestras alegaciones, como tenía por costumbre (para así evitarse darnos la razón), y presentar un nuevo modificado, esta vez de 203.093,46 euros. Importe éste que se acerca bastante a los 170.000 euros que los propietarios aceptábamos, tal y como hemos manifestado en diversos escritos.

Si la sentencia es para ustedes un ejemplo de que lo hacían bien, ¿qué es, entonces, retirar el proyecto modificado de 405.877,61 euros? ¿Estaba pues el Gobierno del PSOE al lado de la legalidad? ¿Ha pasado usted alguna vez por la circunstancia de sentir que le han querido engañar? ¿Qué hubiera pasado si los propietarios no hubiesen reaccionado?

Hace mención usted que el gobierno socialista no es culpable de la quiebra de Midascon S.L. y eso, siendo cierto, admite matices. En fecha enero de 2008, a Midascon S.L. se le adeudaba por obra ejecutada cerca de trescientos mil euros, si bien, como denunciábamos los propietarios, en su mayoría se trataba de obra mal ejecutada y no debía abonarse, aunque su partido no hizo caso de este hecho hasta que quebró la empresa un año más tarde. Hasta entonces la obra, para ustedes, estaba perfectamente hecha.

Si bien la paralización de las obras fue en enero, materialmente dejaron de trabajar en noviembre de 2007, a la espera de un modificado que nunca llegaba. Así se acabó todo el año 2008, para aprobar un modificado que, en condiciones normales, podría haberse demorado como mucho 3 meses. Lo que nos habría llevado a acabar las obras en el verano de 2008. Todo ello habría sido posible si el entonces gobierno socialista no hubiese intentando engañar a los propietarios con un primer modificado lleno de ilegalidades.

Midascon S.L. presentó concurso de acreedores acechado por la imposibilidad hacer frente a sus pagos, pues no cobraba sus obras, entre ellas las de Aigua Blanca IV. Así pues, efectivamente el gobierno socialista no es culpable de la quiebra, pero sí colaborador necesario.

También hace mención usted de que el acuerdo de modificación de crédito de fecha 29 de septiembre de 2011, en la que se dotaba una partida para Aigua Blanca IV, es ilegal, pues existen informes técnicos en contra.

Efectivamente, existe un informe de intervención de fecha 19 de septiembre 2011 en el que informa desfavorablemente a la modificación, en base a un informe de 20 de septiembre 2011 del TAG de Urbanismo. Todavía no se nos ha respondido cómo es posible que la interventora haga mención a un informe no elaborado, y cuestionamos por tanto la validez de su informe toda vez que no se ha subsanado.

Pero obvia, sr. Mengual, que en la aprobación de los presupuestos de 2011, el 16 de mayo de 2011, se dotó la partida de Aigua Blanca IV con 200.000 euros. Durante el debate de dichos presupuestos, la entonces oposición se congratuló de que se empezara a dotar presupuestariamente la partida para dar cumplimiento al acuerdo de 28 de abril de 2011, por el que el ayuntamiento pagaría el sobrecoste de la finalización de las obras, y así consta en el acta de dicha sesión. ¿Sabe que dicha dotación no tenía ese objeto? ¿Sabe que el entonces Alcalde, asistido presencialmente por la Interventora y el Secretario, no advirtió al resto de concejales de que no era para eso, sino para subsanar un error legal (uno de los muchos cometidos en Aigua Blanca IV)? ¿Le parece legal ocultar la verdad? ¿Es ético? NATURALMENTE QUE NO, ¿estaba pues el Gobierno del PSOE al lado de la legalidad?

¿Sabe que el coste para el ayuntamiento de la contratación de la abogada para todos los pleitos en relación con esta urbanización ha sido alrededor de 50.000 euros, casi 5 veces más que lo que los propietarios han tenido que pagar a su abogado para lo mismo? ¿Sabe que la designación de la letrada que defiende al ayuntamiento no fue objeto de contrato, ni el gobierno socialista quiso hacer público su coste? ¿Sabe que no se le asignó al abogado habitual del ayuntamiento, sino que se buscó a alguien que tiene la costumbre de defender asuntos del PSOE? ¿Es legal? Posiblemente, ¿es ético? EN ABSOLUTO.

Estas son unas cuantas ilegalidades. Aún hay más, y deseamos que la AUDITORÍA QUE VA A INICIARSE EN ESTA MISMA SEMANA (pues la Alcaldesa ya ha firmado el contrato con el Gabinete), dé luz a todo este asunto, definitivamente.

Por último, utilizaremos la misma licencia literaria que en su nota de prensa al respecto de la moción de censura. A nosotros nos han llegado rumores, de gente de su partido, en los que se nos achaca gran parte de su derrota electoral de mayo. Una contienda que creían ganada, como usted mismo ha manifestado. Y es más, nos dicen que, en petit comité, el señor D. Salvador Fuster manifiesta que por cuestiones testiculares no va a permitir solucionar el problema de Aigua Blanca IV. No sabemos si estos rumores son ciertos o no, ni nos importa. Lo realmente lamentable es que, con los antecedentes del comportamiento del ex-alcalde para con los propietarios, son creíbles.

Pasan los días desde aquel 18 de enero de 2008 en el que se pararon las obras, y así continúan. Puede que quienes así piensen, se sientan henchidos por su victoria testicular. Pero, al igual que otras muchas victorias, la imagen de la urbanización inacabada, llena de maleza y deteriorada, es la estampa de su propia miseria personal.

Decir que el Gobierno del PSOE ha estado siempre con la legalidad en las cuestiones relacionadas con esta urbanización, es tanto como ensalzar la virginidad de una puta, el ateismo de un católico o el republicanismo de un monárquico. Aún está usted a tiempo, sr. Mengual, de enderezar lo que otros en su partido torcieron, sin olvidar que quienes le interpelan son ciudadanos y contribuyentes de Oliva.

D. Alberto Bañuls Navarro